Audición CX30 martes 16 de abril de 2019

El control obrero debe existir en las empresas parcialmente estatizadas, control social para defensa de empresas públicas. Raúl Campanella nos muestra extractos de un documento* donde muestra de forma ejemplar la estructura misma de nuestro planteos. Dado que se Petrobras declara incapacidad de solventar el funcionamiento de la concesión de Montevideo gas, esta se debe retirar.. Nuestra solidaridad al sindicato del gas, en estos momentos en que defiende el funcionamiento necesario de esta función estratégica de servicio público.

Escuche la audición del martes 14 de abril de 2019

1500 días de gobierno, 1500 obras

Al finalizar el último Consejo de Ministros del lunes 8 el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, informó que en 1500 días de período de Gobierno -que se cumplieron el pasado martes 9 de abril,- se han logrado concretar 1.500 obras con recursos asignados desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con destino a las intendencias y municipios.

Fueron algunas más que 1.500, una inversión de 12 millones de pesos asignados para obras desde el 1 de marzo de 2015. «Realmente lo vemos en todos los lugares del país que en poblaciones pequeñas solucionan problemas generando desarrollo local como cominería rural… lo que se ha comprometido con los gobiernos departamentales se ha cumplido de manera permanente, afirmo Álvaro García director de la OPP. Frente a necesidades de mayores recursos, se ha analizado cada situación y se han re direccionado recursos o en otros se han otorgado montos extraordinarios», aseveró.

Ley de medios, y uno de los medios discute que se cumpla la ley… en otros medios

La ley de medios votada por el Parlamento en el anterior periodo, admite el uso por el Estado de espacios publicitarios en canales y radios, en campañas de mensaje de “de interés público” por ejemplo sobre las más de 1.500 obras impulsadas y financiadas por OPP, Gobiernos municipales y departamentales.

Una nueva concepción democrática que testimonia y difunde al conocimiento público: en que, donde y como se usan recursos estatales por parte de distintos Entes del Estado. La inversión se justifica – aun en su reiteración – al utilizar espacio en radios y televisoras privadas según lo establece la Ley de Medios.

La Radiodifusión, es decir, el servicio de emisión de señales de radio y televisión es según la Constitución de la Republica de propiedad soberana de la nación. Su uso es público, genérico, como lo define la Unión Internacional de Telecomunicaciones para las bandas de frecuencia de radio disponibles que son cubiertas los medios de comunicación de masas.

Por lo tanto es el Estado, el que define su uso a través de decisiones del Gobierno, aplicando la legislación emanada del Parlamento. La ley la reglamenta luego el Poder Ejecutivo, como sucedió con la LEY DE MEDIOS para la REGULACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIO, TELEVISION Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL.
Otras señales como televisión por cable o Internet es quitado al acceso público – la TV Cable y otros variantes – ya que se impone la condición de contratos y remuneración regular a prestadores privados, restando amplitud, transformando al receptor anónimo en figurante de un registro, cuestionando el carácter democrático, abierto, accesible, de la radiodifusión y la Televisión.-

Los emisores nacionales de radio y TV tienen cobertura en todo el país usando torres de retransmisión, sistemas satélites y cable. Cuando lo hacen las empresas públicas el espacio radiofónico se utiliza en andas de soberanía y dominio público, social, a través del Estado nacional.

Los Gobiernos nacionales el Frente Amplio, desde el año 2005, han potenciado y extendido el servicio nacional de Radio y TV públicas. Los contenidos de las distintas emisoras del SODRE han ido alcanzando una audiencia social que el país no conoció en otras etapas de su historia en razón de una nueva distribución y organización de contenidos de emisión, una programación con predominio cultural y social evidente dentro de procesos de modulación de alta calidad irradiados al espacio abierto con solo contar con un receptor apropiado.

Por estas razones, se equivoca el diario El País cuando reitera concepciones de su ex editorialista Luciano Álvarez cuando afirmaba que “este gobierno ha superado todos los límites en el abuso del sagrado dinero de los ciudadanos, para hacer propaganda del Frente Amplio disfrazada de avisos de los entes del Estado”.

No nos interesa polemizar con el diario de la Plaza Cagancha, sino destacar la voluntad y decisión política del Gobierno Nacional de impulsar una legislación que aun dentro de sus límites –algunos ítems de Lay de Medios fueron quitados o limitados por la Suprema Corte llamada de Justicia ante demandas de empresarios dueños de Canales de TV.

Si destacar que se va logrando en parte la soberanía nacional y propiedad pública del espacio y espectro radioeléctrico nacional, que vuelve en algo a sus verdaderos destinatarios: el conjunto de la población del país, sin exclusiones. Nunca tanta verdad tuvieron los revolucionarios de otras etapas cuando afirmaban: expropiar a los expropiadores.-

Control Obrero en la Compañía del Gas

“Resulta fundamental proponer para todos los países de América Latina – se escribe en “Frente Obrero” de octubre de 1985 – que las estatizaciones (la empresas del Estado) se organicen bajo control obrero, (con la conducción de los trabajadores). “Esta es la forma de que la estatización sea positiva, no para acumular beneficios para una u otra capa de la población”. El título del documento dice: “La Empresa estatizada debe funcionar bajo control obrero”. El texto está firmado por el dirigente teórico, político y organizador de la hoy la IV Internacional leninista, trotskista, posadista, que integramos como Partido Obrero Revolucionario, Partido, también, fundador e integrante del Frente Amplio.-

Agradecemos a Juan Jaime Armstrong que hace algunas semanas no acerco este ejemplar de “Frente Obrero” editado hace más de 30 años. Continua Posadas: “en los países capitalistas, las estatizaciones parciales (de una industria, de un servicio, etc.) deben ser acompañadas por el control obrero para impedir – de esta forma – que sirvan de acumulación a nuevas capas (sociales) que sustituyan al sistema capitalista y que produzcan en beneficio (propio) del sistema (privado) capitalista”. El control obrero lo impide”.

El sistema capitalista del Brasil es el administrador de la empresa estatal Petrobras y de su filial en Uruguay, Montevideogas. Utiliza la concesión realizada por el Estado uruguayo para su interés propio, un bajo costo de funcionamiento que le justifique continuar con un funcionamiento de acuerdo al interés del Gobierno capitalista del Brasil, sin que le importe la mejora del abastecimiento de gas por cañería a la población usuaria, tanto como la ocupación y subsistencia de los trabajadores.

No resulta casual, sino causal, que haya sido el sindicato de trabajadores del Gas, la UOEGAS los más consecuentes defensores dentro del país del Gobierno del Partido de los Trabajadores del Brasil y los que más han bregado por la liberación de Lula de la cárcel donde lo tienen recluido.

Resulta esencial – a nuestro criterio – analizar en el movimiento obrero, los sindicatos, la central obrera PIT CNT, incorporar a la defensa y promoción de las empresas públicas – MontevideoGas lo es, con determinadas condiciones distintas a Ancap, por ejemplo – la necesidad de incorporar el control obrero, el control social obrero, para el programa de defensa de las empresas públicas no caiga en el vacío. Posadas pone como ejemplo que las estatizaciones realizadas por los Gobiernos de Argentina en la etapa de Juan Domingo Perón, en México con el Gobierno del también Gral. Lázaro Cárdenas, “permitieron un gran desarrollo de la economía” de estas naciones.-

Cuando la empresa estatal – o concesionada a una empresa trasnacional publica como Petrobras – funciona de acuerdo a las normas y el intereses del mercado capitalista, su funcionamiento resulta dependiente de intereses ajenos a la sociedad, a la nación, a los usuarios y trabajadores. Todo el proceso que vive MontevideoGas es de perdida, negativo, nefasto para el país.

Frente a la guerra permanente contra el Uruguay – que no le hace asco incluso a litigios jurídicos internacionales -, ante e nvios permanentes y anuncio de despidos de trabajadores, el sindicato anuncio que iniciara el próximo martes 23 de abril la ocupación de todas las instalaciones d ela Compañía del Gas junto a mantener los servicios que se prestan a la población bajo su control, su dirección, luego de infructuosas instancias de negociación con la empresa Petrobras en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El Ministerio de Industria con tal de encontrar una salida, ofreció trasladar decisiones a que permitieran a Petrobras obtener ganancias extraordinarias, fuera de contrato
para mantener la plena ocupación además de producir mejoras en el servicio. El sindicato, UOEGAS propone que el Estado nacional le retire la concesión de MontevideoGas a Petrobras. Los trabajadores no ven futuro en el servicio cuando Petrobras aduce la urgencia de ahorro financiero que mitigue un supuesto déficits.

Desde el MTSS se considera que es una “medida extrema” y por lo tanto se solicitará la desocupación cuando se haga efectiva la medida. El sindicato necesita no aislarse, precisa el apoyo directo del PIT CNT y los demás sindicatos, sostén político, programático, que puede pasar un nuevo paro general parcial, aunque sería un error limitarlo a esto. Un juez – ha demanda de la trasnacional brasilera – se ha pronunciado en defensa del derecho a la administración del servicio por Petrobras, en contra del de los trabajadores a la defensa de sus puestos de trabajo con la ocupación del centro del trabajo y su funcionamiento por los trabajadores organizados. El MTSS anuncia que obligaran al sindicato a abandonar las instalaciones. Creemos que la reiteración de una Huelga de Hambre, decisión ya cumplida por trabajadores en otras oportunidades – no es ahora una decisión conveniente, adecuada.- ¿Qué puede ocurrir si el sindicato decide resistir la desocupación de las instalaciones por la policía?

Apoyamos la decisión del sindicato a pesar de la resolución judicial, porque – como declaro Alejandro Acosta, dirigente del sindicato– “hay temas más importante que proteger la propiedad privada”. La empresa se propone despedir al 25 % de los trabajadores de la plantilla. El Gobierno nacional debe intervenir para garantizar la continuación de un servicio público en crisis permanente. La empresa Petrobras no tiene interés en mantener la concesión del servicio. Si tiene interés el Gobierno del Brasil en poner palos en la rueda no ya a un sindicato sino al país, una forma siniestra de atacar la política internacional del Uruguay, independiente del imperialismo, de la OEA, del Gobierno que por ahora rige en el Brasil El sindicato anuncia que a principios de la semana entrante “Iremos todos los trabajadores y esperemos que el juez tenga en consideración todo lo que nosotros expresamos” afirmo Alejandro Acosta… seguiremos luchando para que Petrobras se retire del servicio”, concluyo.-

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