Sobre el proyecto regresivo de reforma jubilatoria de las derechas en Uruguay

ENTREVISTA A HUGO BAI *, INTEGRANTE DEL INSTITUTO CUESTA – DUARTE DEL PIT-CNT

La reforma jubilatoria propuesta por el gobierno de las derechas en Uruguay es, como lo fue la ley 16.713 que creó las AFAPS, un nuevo golpe a las y los trabajadores y los sectores populares de nuestro país. Frente Obrero entrevistó al economista Hugo Bai *, y esta es una síntesis de dicha entrevista.

Frente Obrero (FO): Muchas gracias por recibirnos, la primera pregunta refiere a la caracterización del proyecto, ¿en qué modelo de seguridad social se puede encuadrar?

Hugo Bai (HB): La propuesta es una convalidación  de la reforma que se implementó en los años 90 basada en un sistema mixto donde, de alguna manera, se complementa un pilar de reparto, de solidaridad intergeneracional con un modelo  de ahorro individual privatizado, en nuestro país a través de las AFAPS. Hay una ratificación por parte del gobierno de ese modelo con el cual nosotros somos críticos. El componente “multipilar”, la OIT se basa mucho en esto, trata de atender con diversos instrumentos los riesgos asociados a la vejez.

FO: ¿Qué es un pilar?

HB: Un pilar es un componente que, por ejemplo, puede ser de carácter no contributivo. Garantizar un nivel de ingreso determinado a los adultos mayores con independencia de lo que hayan contribuido, y está bien, es un derecho del ciudadano por el solo hecho de serlo, que no depende de si pudo o no, a lo largo de su vida aportar, contribuir al sistema sea pasible de tener una prestación. La OIT pone mucho énfasis en este “pilar cero”. El pilar más conocido es el pilar contributivo, del modelo bismarckiano de la seguridad social donde el trabajador, en función del aporte obrero y patronal va generando derechos a partir de las mismas, pilar en el cual también la OIT pone mucho énfasis. En el pilar de reparto intergeneracional, las contribuciones de los activos permiten financiar las pasividades, bajo la promesa de que los futuros activos van a permitir seguir financiándolas. En general se complementan con otro tipo de pilares, los llamados de capitalización. La OIT los prevé para sectores de ingresos medios y altos con el fin de sostener su nivel de ingreso, se trata de que la gente se autofinancie sobre la base de la capitalización, en Uruguay con empresas privadas (AFAPs) en régimen de competencia. Hay países que tiene formatos distintos y con niveles de éxito, desde nuestro punto de vista, mayores a los nuestros, sobre la base de una administración profesional del estado que no implica los costos que han generado las AFAPs para los trabajadores a través de comisiones.

FO: El lucro y la ganancia son la razón de ser de la AFAPS, son empresas financieras capitalistas.

HB: Los accionistas de República AFAP son el BPS, el BROU y el Banco de Seguros, transformada y en base a la experiencia acumulada, donde se gestionó con mucho profesionalismo y eficiencia los ahorros de los trabajadores, podría cumplir otra función. Nosotros creemos que hay que pasar directamente a un régimen de ese tipo, eliminar las AFAP s como tales, todas las AFAPs y pasar a una administración por parte del estado, con eficiencia y sin costo para los trabajadores. En el proyecto se le ha dado más relevancia al modelo de la capitalización que se extiende a todos los trabajadores, ahora todos tienen la posibilidad de estar en una AFAP, ahora se los obliga a aportar a alguna de ellas, sin importar el nivel de ingreso con individualización de los riegos y privatización, este es un cambio relevante.

FO: ¿Este proyecto forma parte de una gran reforma, de un de modelo de país, que se expresó en la LUC, que sigue con la reforma de la educación y la legislación en otros ámbitos y toda la política económica en curso?

HB Sin duda, sin duda. Partamos de la base de que es necesaria una reforma de la seguridad social, tenemos que incorporar cambios, modificaciones al sistema atendiendo a la sostenibilidad económica financiera del futuro porque hay un proceso de envejecimiento poblacional que lo amerita, pero, sin descuidar, lo que es la sostenibilidad social, todo en lo que se ha venido avanzando, sobre todo en los últimos años, previo al 2020, tratando de cuidar  un equilibrio, no es el caso de esta reforma donde el costo recae sobre los hombros de los trabajadores pura y exclusivamente, reduce el gasto a futuro, lo que significa reducción de derechos, de servicios, de prestaciones, de beneficios, que hoy tienen los trabajadores. Es una reforma injusta, desequilibrada, los trabajadores van a tener que poner algo en una reforma más justa, pero también otros sectores de acuerdo a su capacidad contributiva, esta reforma no habla  del financiamiento, es una mirada económico financiera, pero no se analiza NI SE PROPONE NINGUN CAMBIO A LA MATRIZ DE FINANCIAMIENTO.

FO: La Caja Bancaria encontró otra forma de financiamiento, la partida complementaria patronal (PCP), un aporte patronal calculado sobre los activos bancarios. ¿Sería un ejemplo a tomar? ¿Cómo es la relación entre el aporte patronal y el del trabajador?

HB: En Uruguay es injusto, la relación está invertida, básicamente, (15% trabajador, 7,5% empresario, menos del 2% en el negocio rural, aprox.), en el mundo el aporte patronal es el doble del aporte personal. EL TRABAJO AQUÍ PAGA MUCHO MÁS QUE EL CAPITAL. El mecanismo de la PCP tiene otra virtud, que es gravar al capital, pero no a partir de la contratación de la mano de obra, sino pensando fuentes alternativas. Ir sobre los activos financieros o ir sobre el desempeño del sector para ubicar allí una fuente de financiamiento que permita sostenibilidad en la matriz de la seguridad social.

FO: ¿Qué pasa con el aporte patronal de los rurales?

HB: Este aporte es por un régimen muy beneficioso donde no se aporta en función de la mano de obra que uno contrata, sino en función de la cantidad y calidad de la tierra que se tiene. Si se mira la masa salarial del sector rural pagan el 1,92%, pagan la cuarta parte del kiosquero que vende cigarros y caramelos, rompe los ojos. ¡No tocan ese régimen tan beneficioso, que requiere modificaciones inmediatas, hace dos años que vienen estudiando el tema, pero esto no se arregla creando una comisión, luego de aprobada la ley, para estudiar posibles cambios! Para el aumento de la edad de retiro no se crea ninguna comisión sabiendo que mucha gente no va a poder llegar a esas edades trabajando porque no le da el físico sino porque no va a encontrar trabajo. Se va con pie de plomo y se cuida en forma extrema a un sector que en estos años ha tenido un desempeño muy favorable producto de una coyuntura internacional, sin embrago no se lo toca. Son las injusticias y desequilibrios que rompen los ojos, esta es una reforma centrada en hacer recaer todo el cambio demográfico sobre la espalda de los trabajadores, que se asocia a un modelo, a una visión de país, de desarrollo, donde se cuida al “malla oro” bajo la promesa del derrame, los indicadores sociales indican lo contrario, esta reforma va encaminada a profundizar esta situación.

FO: La reforma jubilatoria está siendo impuesta, conlleva un cambio profundo del pacto social, con una aprobación expréss de acuerdo a las mayorías legislativas, de la misma manera que la reforma de la educación, no hay intención de diálogo. Por lo tanto nos preguntamos cómo difundir, dar a conocer, como convocar, llevar a la población estos contenidos, y que empiecen a preocupar a la gente.

HB: Es un problema central como lograr que esto haga carne en la gente, lograr un nivel de movilización, de conciencia de lo que estamos discutiendo que nos permita frenar todos los aspectos negativos y avanzar hacia una reforma de la seguridad social verdaderamente justa, equilibrada. Nosotros tenemos ese desafío desde el movimiento sindical, porque claramente el gobierno optó por el camino de evitar el dialogo social. Se convocó a una comisión de expertos de la que participé por el  PIT-CNT, claramente no fue un espacio donde los actores representativos fueran a intercambiar, articular, a negociar la construcción de un acuerdo en torno a una reforma tan sensible para la gente. El movimiento sindical no tuvo ese espacio, no hubo ningún canal de comunicación; cuando terminó la comisión de expertos el gobierno se encerró a elaborar un anteproyecto de ley, luego vino la negociación con los partidos de la coalición que introdujeron modificaciones malas o negativas.

FO: ¿Por ejemplo?

HB: Se afecta aun más las jubilaciones de los sectores de ingresos medios y medios altos que ya venían muy castigadas para los que se vayan a jubilar el año 2043. Por otro lado el tema de la Caja Militar donde hubo una serie de concesiones en esta negociación. El régimen de transición que es largo, en este caso se vuelve inaceptable porque estamos partiendo de dos niveles completamente diferentes, la caja militar cargada de desigualdades, cargada de privilegios precisa una transición mucho más corta, mucho más acotada. Lo que va a pasar es que en la caja militar vamos a seguir viendo gente que se jubila a edades bajísimas, con tasas de reemplazo altísimas y todo esto por mucho más tiempo, lo que aumenta la inequidad, el anteproyecto acordado finalmente es peor que el inicial. El tema del financiamiento, el tema de las AFAPS temas centrales en lo que somos críticos. Planteamos que hay que hacer una reforma estructural, estatizar ese pilar de ahorro, eliminar el lucro de la seguridad social, son planteos conocidos del movimiento sindical que el gobierno conoce y no ha tenido interés de discutir. ¿A nosotros que nos queda? Las herramientas clásicas que mientras se discute en el parlamento movilizarnos, plantear nuestras diferencias y lograr concientizar a la población en primer lugar y a los legisladores de que acá hay una serie de aspectos negativos,   poniendo el énfasis en lo que no está; incorporar dentro de un proyecto de seguridad social otras dimensiones de la protección de la misma que son muy relevantes, tanto como las jubilaciones,  que tiene que ver con la protección a la primera infancia, con el sistema de cuidados, una mayor inversión en las personas con discapacidad y todo esto no está. El proyecto se centra en las jubilaciones y en reducir el gasto, exclusivamente. Teníamos para discutir qué matriz de protección social queríamos de acá a 50 años, un nuevo pacto social, lo que está discutiendo la coalición es que derechos recorta para disminuir el gasto, nada más, no hay espacio para otra perspectiva.

FO ¿Qué ponemos arriba de la mesa para organizar y actuar? ¿Cómo hacer para movilizar cuando esto aparece como lejano y es presentado como algo muy bueno para todos?

HB: Es prioritario difundir los impactos que va a tener esta reforma sobre la gente, difundir nuestras diferencias, todo lo que no tiene esta reforma y que tendría que tener para ser justa, equilibrada y buscar concientizar, algo que es muy complejo pero que es el momento de hacerlo. La discusión parlamentaria va a ser larga, es descabellado pensar que esto se pueda discutir un mes en cada cámara, una discusión seria lleva tiempo, eso va a permitir que la gente conozca el proyecto y generar justamente los cambios que se precisan para que sea una reforma de la seguridad social en beneficio de las grandes mayorías. Si no es así, generar un frente de oposición y no descartar a priori ninguna forma política para generar un cambio, todo va a estar arriba de la mesa  para ver cuál va a ser la mejor estrategia. Hoy estamos en condiciones de informar y concientizar a la población sobre el proyecto, y tengo confianza que es factible frenar la aprobación de un proyecto de estas características en el parlamento, entramos en años preelectorales y electorales, cada partido quiere mostrar su perfil, diferenciarse del herrerismo, van a competir nuevamente quién lidera dentro de la coalición de gobierno, todas oportunidades para encontrar caminos de freno al proyecto. Si la coalición se alinea nos veremos obligados a desplegar otro tipo de herramientas, habrá que ver cuáles son las mejores para revertir el proyecto, haciendo centro y focalizando en todo lo negativo que este proyecto tiene.

* Hugo Bai es economista. Representó al PIT-CNT y al ERT-BPS en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) creada por la Ley de Urgente Consideración (LUC).